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Desde octubre de 1981, cuando el gobierno francés legalizó la detención administrativa y judicial de los extranjeros que no tuvieran los papeles en regla, la capacidad total de los centros en Francia no ha dejado de aumentar. En el plazo de 12 años, entre 2000 y 2012, pasó de 600 a cerca de 2.500 plazas. El gráfico titulado «La persecución del extranjero» nos recuerda que los exiliados en tránsito en la región de Calais se enfrentan además a otras formas de reclusión. Las dificultades a las que se enfrentan para poder alimentarse, acceder a la asistencia sanitaria, solicitar asilo, conseguir alojamiento en un centro de acogida de urgencia, etc., obligan a estas personas a instalarse en las denominadas junglas o en viviendas okupadas que, con el tiempo, han acabado convirtiéndose en espacios alternativos a la detención de migrantes. De hecho, la policía, que tolera la existencia y reconstrucción de estos campamentos informales a pesar de los sucesivos desmantelamientos, los aprovecha para realizar identificaciones casi a diario de las personas que viven en ellos. En consecuencia, podemos considerar estos espacios como una antesala del internamiento administrativo de personas extranjeras, dado que la mayoría de las detenciones se realizan en estos lugares y preceden a otras formas de reclusión más oficiales.