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Después de que en 2010 Sarkozy se fijara como objetivo la evacuación de «300 campamentos o asentamientos ilegales, (…) y en especial los de población rom», las fuerzas de seguridad desmantelaron más de 100 campamentos entre 2010 y 2011, la mayoría de ellos situados en la periferia de los grandes núcleos urbanos del país. Durante el mismo periodo, más de 11.000 personas rom, o percibidas como tal, fueron expulsadas del país, víctimas de la política en materia de seguridad del gobierno francés. El gobierno socialista, que llegó al poder en 2012, mantiene la política de su antecesor, y continúa evacuando poblados y viviendas okupadas, efectuando expulsiones y realizando declaraciones de carácter discriminatorio hacia esta población.